La arquitectura y el triunfo de lo colectivo

El hecho de que la Ley de Calidad de la Arquitectura fuera aprobada el pasado 8 de junio de 2022 en el Senado con 231 votos a favor 25 abstenciones y ningún voto en contra, en un contexto de polarización política como el que nos encontramos, demuestra varias cosas:

Primero, tal y como recoge en el texto la propia ley, que la arquitectura es un bien de interés general por su incidencia en la calidad de vida de las personas, lo que implica la obligación por parte de los poderes públicos de protegerla, preservarla y fomentarla, cada uno de ellos en el ámbito de sus propias competencias y siempre desde el principio de calidad.

También que es un potente instrumento político en el sentido que señalaban los griegos atendiendo a la etimológica de la palabra “politics”, palabra que describía las actividades de la polis o ciudad. Un término opuesto a “oikonomics” palabra referida a las actividades de la unidad familiar. Según los griegos cuando “politics” triunfaba sobre “oikonomics” era cuando se producía una evolución de la sociedad, es decir cuando lo colectivo triunfaba sobre lo individual.

Infografía para el proceso paticipativo PECA.

Y de manera colectiva comenzó el proceso de redacción de la ley, con la convocatoria de participación pública “PECA” donde profesionales de distintos sectores vinculados con la arquitectura participaron en unas jornadas estructuras en torno a 8 temas, donde se debatieron y expusieron importantes cuestiones que dieron pie al documento de bases que supuso el arranque del proceso. Se trata por tanto de una ley bottom up, que evoluciona de abajo a arriba, dirigida fundamentalmente a los poderes públicos, que busca mejorar la acción ejemplarizante de las administraciones a nivel local, autonómico y estatal.

Una ley que invita a eliminar prácticas desastrosas como las bajas económicas en procedimientos de contratación pública, que promueve la celebración de concursos públicos y que incluye la creación de dos nuevos órganos, el Museo Nacional de Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura. El primero de ellos pensado como una institución dirigida a difundir los valores de la arquitectura a la sociedad y el segundo como un órgano colegiado con un carácter asesor y consultivo de la Administración General del Estado.

La experiencia vivida durante la crisis sanitaria, en la que todos pudimos constatar el importante papel que jugaba la arquitectura en nuestra salud física y mental, supuso también una llamada de atención determinante sobre la necesidad de impulsar esta nueva legislación. Una de las finalidades de la ley es precisamente abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad, como son los avances tecnológicos y la digitalización, el envejecimiento de la población, los cambios acelerados en las formas de vida, las amenazas derivadas del cambio climático, las variables asociadas a los ciclos económicos, la pérdida de diversidad cultural, la necesidad de incorporar de forma ineludible la perspectiva de género en la arquitectura y el urbanismo, la creciente inequidad existente y en suma, atender a determinados patrones de conducta que necesitan una revisión profunda.

La arquitectura conforma el marco en el que se desarrolla nuestra vida, perdura en el tiempo, es reflejo de nuestras aspiraciones y su configuración determinará nuestro éxito o fracaso como sociedad ante los retos actuales y futuros. Por tanto, la calidad de la arquitectura es un elemento inherente al desarrollo social y al bienestar.

Así, gracias a esta ley, España se sitúa a la cabeza de los países que han incorporado en su ordenamiento jurídico el espíritu de la iniciativa la Nueva Bauhaus Europea que persigue situar la sostenibilidad, la belleza y la inclusividad en el centro de la recuperación económica y social, pero tenemos que ser conscientes de que la nueva Ley solo generará un cambio positivo si las personas detrás de las administraciones públicas promueven sus principios en aquellos procesos de contratación así como en cualquier otra iniciativa pública que afecte de manera directa a la calidad de vida de las personas.