Participación Ciudadana: o sobre cómo comenzamos a preocuparnos por espacios de discusión de conflictos socioambientales

Durante décadas, se ha debatido el papel del arquitecto como articulador de lo público. Los refinados diseños arquitectónicos, capaces de dotar de “vitalidad” a las ciudades, han sido objeto de todo tipo de experimentación formal y plástica, a menudo expresada en obras monumentales que proyectan una relación simbólica con el poder y la representación. Con menor énfasis, sin embargo, se ha explorado la capacidad del espacio arquitectónico para albergar y modelar la discusión de lo público promoviendo las dinámicas sociales que ocurren en su interior, particularmente en la discusión política. 

Desde la aparición de la república como forma de gobierno, el espacio físico donde los ciudadanos se reunían para debatir estaba condicionado por la necesidad de una acústica y visibilidad mutua adecuada. El diálogo, la confrontación de ideas y la toma de decisiones colectivas requerían un espacio donde todos los participantes pudieran oírse y verse, sin jerarquías visuales que marcaran diferencias en su posibilidad de intervenir. Así nacieron los hemiciclos¹, espacios semicirculares diseñados para garantizar una relación directa y equitativa entre los participantes y un punto central de atención. En ellos, el acto democrático parlamentario no solo acontece en un espacio definido, sino que también es modelado por este: el imaginario colectivo de representatividad que allí emerge es el que la tipología arquitectónica incita. 

Entonces, el acto deliberativo que allí ocurre no es simplemente un proceso que ocurre en un espacio neutral. Al contrario, es un acto configurado por la arquitectura que lo alberga. El hemiciclo, al distribuir equitativamente a los participantes, no solo permite la visibilidad y el sonido compartido, sino que genera un escenario en el que la confrontación de ideas adquiere una dimensión espacial y formal. Los participantes no están solo debatiendo; están situados en un escenario diseñado específicamente para que sus posiciones físicas en el espacio subrayen la importancia de la interacción horizontal entre iguales. 

Este modelo espacial ha sido adoptado por parlamentos de todo el mundo – principalmente europeos, derivados de la herencia francesa – y por espacios de discusión en organismos internacionales. Además, es hoy la tipología existente en muchos los tribunales de justicia, donde la deliberación y el juicio público son claves para el proceso democrático. La arquitectura, en estos contextos, no es simplemente un marco funcional, sino un agente que da forma a la discusión de lo público. 

Ahora bien, el hemiciclo encarna igualmente un diseño para las élites, para aquellos designados como “capaces” en el ámbito de la representatividad. Entonces, si la arquitectura ha sido capaz de estructurar espacios de poder formal para este tipo de usuarios, ¿qué ocurre con los espacios destinados a la participación de las comunidades en decisiones clave? Hoy, la crisis climática copa las agendas globales y locales, de modo que pareciera ser uno de los principales ejes temáticos de controversia. ¿Cuál es el espacio arquitectónico de la deliberación pública sobre el futuro, por ejemplo, del medioambiente? 

Pareciera que, para la institucionalidad ambiental chilena, no es ninguno. 

A village choir» de Thomas Webster (1847). Óleo sobre tabla. Descripción: El coro de Webster como representación de la armonía disonante de las comunidades donde la diversidad y lo extraño desafía el silencio impuesto.

Para prevenir conflictos ambientales en Chile, el aparato legislativo ha creado la institucionalidad ambiental junto con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un organismo con capacidad jurídica para anticipar daños ambientales a través de la evaluación de aquellos proyectos que consideren de antemano posibles impactos en el medio ambiente. Uno de sus roles fundamentales es “promover y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos”² considerando – al menos en el papel – la importancia de las comunidades locales en la discusión de los proyectos que pudieran afectarlas. Sin embargo, los documentos y leyes que regulan el SEA, desde su creación hasta sus revisiones más recientes, se centran mayormente en aspectos administrativos, dejando de lado consideraciones específicas sobre cómo y dónde deben ocurrir los procesos de participación ciudadana. 

Por ejemplo, la «Guía metodológica de actividades presenciales del Servicio de Evaluación Ambiental con la ciudadanía» de 2017 y la más reciente «Guía de Participación Ciudadana en el SEIA» de 2023³ no establecen lineamientos claros sobre el espacio físico para las actividades de participación. Mayormente, se centran en procedimientos, criterios y recomendaciones para abordar ciertas temáticas, al igual que definir roles de tales instancias. El término «espacio» se utiliza en estos documentos de manera figurada o metafórica, refiriéndose a un contexto simbólico o abstracto, más que a un lugar concreto donde las comunidades puedan reunirse para deliberar sobre temas que afectan directamente su entorno. 

Entonces, ¿en qué espacio arquitectónico se realiza actualmente la discusión ambiental con la ciudadanía en Chile? Plazas públicas, gimnasios, salones municipales, y cualquier otro espacio que esté disponible y sea de acceso público. Esta indefinición refleja de modo elocuente la inexistencia de consideraciones arquitectónicas para estos debates. A diferencia de la discusión parlamentaria, la discusión que confronta al Estado, la comunidad y el empresariado carece de una tipología arquitectónica diseñada para ello. El espacio donde se disputa⁴ la relación entre el progreso económico y la protección, en donde la asimetría de los actores en cuestión es probablemente la mayor posible dentro de una sociedad, termina siendo el que la parte interesada – el empresariado o los gestores de interés – determinan como conveniente. Y, como la arquitectura no es neutral, la ausencia de una tipología deliberativa pública suele disipar la posibilidad de construir “comunidades críticas”, necesarias para la legitimidad de los proyectos ambientales.