La Ley de Arquitectura y calidad del entorno construido como nuevo contrato con la sociedad

“Arquitectas y arquitectos escuchamos la cantinela de la “reinvención” desde el estallido de la burbuja inmobiliaria como un mandato para sobrevivir laboralmente, pero ahora más que nunca esta reinvención conecta con las necesidades del planeta, con las necesidades de la sociedad.”

Imagen generada por Luís de Prada Hervás (Zuloark) con inteligencia artificial utilizando como «prompts» algunas de las sugerencias aportadas por las personas invitadas al proceso de participación PECA.

Centenares de artículos y discursos comienzan enunciando los grandes retos contemporáneos que estamos enfrentando, como el cambio climático, la crisis económica o la desigualdad social. En todos ellos es relevante el posicionamiento de nuestra industria y por eso es importante que se produzcan cambios en la forma que tenemos arquitectas y arquitectos de hacer las cosas. Hay que reinventarse para hacer las cosas diferente y para hacer las cosas mejor. Pero no puede quedar ahí, no son tiempos para reinventarnos solas, son tiempos muy complicados y el planteamiento más radical es responder a los requerimientos del bienestar común sin que esto dependa de las buenas intenciones o lo que podamos buenamente hacer desde administraciones, promotores o profesionales.

La Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido puede acompañarnos en ese proceso. Supera los límites de lo laboral, del diseño, de las discusiones disciplinares y afecta a todo el entramado de la construcción: de las grandes inmobiliarias a los pequeños ayuntamientos rurales, desde los pequeños promotores de suelo privado a los grandes estudios de arquitectura y urbanismo. Pone en marcha una regulación estatal para que en la práctica podamos hacer lo que decimos que queremos hacer como país: cumplir con los ODS y la Agenda 2030, aunque para alinearnos con la Declaración de Davos haya que “tocar” la Ley del Suelo,  la LOE o el código técnico y con ello transformar todos los procesos a los que nos hemos acostumbrado. Es imprescindible dotar a profesionales y administraciones de herramientas para dar continuidad normativa a la Ley, financiación e instituciones que garanticen su cumplimiento. Este esfuerzo deja bien claro a nuestras conciudadanas y conciudadanos, para el público general, el compromiso público de la arquitectura.

Imagen generada por Luís de Prada Hervás (Zuloark) con inteligencia artificial utilizando como «prompts» algunas de las sugerencias aportadas por las personas invitadas al proceso de participación PECA.

Aún más allá, introducir la idea radical del derecho a la calidad del entorno construido y que esta calidad está íntimamente conectada a la cotidianeidad de cada habitante establece una cadena de conexiones importante: significa una serie de compromisos públicos y el reconocimiento de una enorme diversidad de agentes implicados y afectados más allá de la regulación del proceso edificatorio en sí. Promocionar la idea del derecho a la calidad del entorno nos compromete como profesión y nos obliga a  aceptar la responsabilidad y asumir el impacto que produce nuestro trabajo. Desde la convicción de la alta relevancia pública de promocionar una cultura urbana diferente, la redacción de la ley se acompañó del proceso PECA, recogiendo en una serie estructurada de debates entre esos agentes que desde lo técnico, la administración, la legislación o la práctica pueden hacer efectivos los cambios que promovemos.

Trabajamos en diseñar formatos de encuentro productivos que permitan deliberar sobre cómo es el entorno construído al que debemos aspirar, sobre cómo hacer la transición de lo que tenemos y aprovechar la oportunidad de tener impacto en las prácticas de miles de arquitectas y arquitectos. Para ir a la raíz de los problemas y poder ser radical hay que hacer incidencia en las leyes. Decía Voltaire que las personas hacen las leyes y después las leyes hacen a las personas.

Texto: Aurora Adalid (Zuloark)