

La nueva Ley, que previamente logró su aprobación en la Comisión del Congreso de los Diputados con 35 votos a favor y una abstención, es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su entrada en vigor implica cumplir uno de hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU.
Se trata de la primera Ley estatal que tiene por objeto proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura como bien de interés general y tiene como fin impulsar la protección del patrimonio arquitectónico, fomentar la conservación, impulsar la investigación, la innovación, la digitalización, la industrialización y la creatividad e impulsar en el ámbito de la contratación pública la aplicación del principio de calidad, entre otros fines.
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