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Fuente imagen: http://commons.wikimedia.org/Hubo una época en la que los concursos de arquitectura sirvieron para espolear la imaginación de los arquitectos. Concursos como el de la madrileña Casa Sindical (de Cabrero y Aburto) o el Gobierno Civil de Tarragona (de Alejandro de la Sota), se convirtieron en auténticos revulsivos para inaugurar una nueva etapa en la Arquitectura Moderna española tras la Guerra Civil. Pero ya casi nos hemos olvidado de ellos…
Hoy, inmersos como estamos en una crisis que trasciende al ámbito económico, los concursos ya han dejado de representar nada loable. Hace unas semanas, el catedrático José M. Torres Nadal defendía la idea de suprimir los concursos de arquitectura, apelando a que la coyuntura actual no parece demandar más soluciones sino mejores preguntas. Creo que, aunque parezca una postura maximalista, es certera, en la medida que tenemos que empezar a cultivar un mayor espíritu crítico para afrontar el cambio de paradigma al que nos tendremos que ir enfrentando los próximos años.
Mientras tanto, me atrevo aquí a proponer que, además de hacer un ejercicio de autocrítica, nuestros máximos representantes y autoridades revisaran de una vez por todas la obsoleta Ley de Contratos del Sector Público. Aunque aprobada en 2011, en realidad en lo que a los arquitectos nos afecta, no ha habido cambios sustanciales desde hace lustros. Y ya toca. Especialmente en lo relacionado con las peculiaridades de los concursos de Proyectos específicamente, pensando en el servicio a la Sociedad para el que estos deberían ser planteados. Si, como se afirma desde la clase política, se pretende impulsar la I+D y la calidad en la oferta de productos y servicios, la LSCP no debería abundar en criterios meramente cuantitativos sino estrictamente cualitativos.
En ese caso, deberían primarse los criterios de calidad arquitectónica por encima de cualquier otro a la hora de valorar las ofertas presentadas. ¿Acaso tiene más valor comprometerse a realizar el Proyecto en un par de semanas menos de los marcados en el Pliego de Condiciones cuando luego se pierden semanas en su tramitación administrativa? Más bien todo lo contrario: si queremos calidad, necesitamos disponer de más tiempo para meditarlos y redactarlos. ¿Resulta más beneficioso para los futuros usuarios que el ahorro para las arcas del estado sea el máximo posible en vez de asegurar que el Proyecto se ajusta realmente al presupuesto inicialmente estimado en las bases del concurso o que los costes de mantenimiento, de conservación o de consumo energético son asumibles en un futuro? Ahí es donde verdaderamente se ahorraría, y con creces.
El borrador de la LSCP apuesta por aumentar la competitividad, pero solo en términos económicos, no de calidad profesional. Si aceptamos que nos sigan obligando a competir por ser los mejores “subasteros” y no los mejores concursantes de proyectos, nuestro futuro quedará aún más en entredicho. Deberíamos preocuparnos (todos) por competir en ofrecer la mejor calidad en nuestros proyectos arquitectónicos, no el menor coste. La sociedad sabrá reconocer nuestra valía por los edificios que somos capaces de darles, no por lo que les hemos ahorrado en la pugna. No se trata de hacer falso corporativismo en el establecimiento de honorarios mínimos, sino de lograr que se concurse por hacer buena arquitectura y no otra cosa.
