3 minutos
Es curioso y alentador como en ciertas circunstancias concretas la sociedad está concienciada y reacciona de manera casi unánime, buscando un bien común. Los incendios de estos últimos días han dejado patente el dolor y la indignación que a todos nos supone ver arder el territorio natural que nos rodea. Somos conscientes de su función y de nuestra dependencia de ésta. Sin embargo, todo este compromiso se desvanece cuando pasamos a utilizar este mismo territorio como una explotación económica (ya sea urbanística, forestal, minera y un largo etc). La idea de que el suelo o el espacio constituyen una pertenencia debería ser tan perversa como la mercantilización del aire respirable (que quizá no esté tan lejos). Desde las guerras territoriales o el colonialismo, siempre se ha establecido la posesión del hábitat para uno u otro individuo, anteponiendo su valor monetario a su uso funcional.
Hoy en día nos topamos con enormes problemas de vivienda o de rigidización del espacio público. Hemos olvidado el hecho de que todo individuo necesita un lugar donde establecerse, un espacio donde realizar su actividad vital; al igual que necesitamos ese territorio natural para que nuestro sistema siga funcionando. Está grabado en nuestra conciencia que el lucro es el eje vertebrador de nuestra arquitectura, y no el servicio ciudadano. Es evidente que el espacio del que disponemos debe ser acondicionado y gestionado para su correcto y eficiente aprovechamiento. Dicho proceso no debería implicar gratuidad, pero si la garantía de un hábitat básico, en el que las necesidades de nuestra sociedad estén cubiertas, creando un equilibro consciente entre ese espacio, la función que se le aplica y el propio entorno natural donde se alberga.
Resulta perturbador como seguimos negando una profunda reforma sociológica y legislativa en cuanto a la gestión de la vivienda. Entendiéndola como un habitáculo más o menos dividido que se compra o se alquila por un precio regido por un ente llamado mercado. No existen figuras intermedias. No hay incentivos por el mantenimiento, transformación y habilitación de inmuebles. Sólo propiedades. Sólo intercambios especulativos de espacios. Metros cuadrados de tierra (o aire) a los que se establecen valores monetarios, no usos domésticos. Seguimos sin reconocer modelos diversificados, cohabitantes, flexibles, viviendas transformables, barrios domesticados. Seguimos fabricando marginados, inadaptados, esclavos.
El espacio público responde a este mismo patrón en el que es ilegal beber en un banco pero no en una terraza. Es más… es ilegal sentarse sin un incentivo económico puesto que han dejado de existir bancos, sólo terrazas. El espacio urbano ya no es público, es una extensión del ámbito privado. El consumo precede al uso, y de esta forma cualquier actividad básica humana pasa a un segundo plano o se monetiza.
Seguimos teniendo una gran conciencia (y es bueno que la tengamos) cuando miramos nuestras reservas naturales, escenarios que sólo contemplamos en nuestro tiempo libre, fuera de la rutina adoctrinada de nuestros paisajes del día a día. Pero nuestro hábitat también se extiende a las ciudades, a las viviendas; y es nuestra obligación que protejamos igualmente la dignidad de esos espacios y entornos que también son necesarios para nuestro sistema.
