Vivienda social ¿Integración y progreso?

Banlieu de París

Desgraciadamente (y desde siempre), los responsables de la gestión pública del parque de vivienda han/hemos caído, unos tras otros (bajo cualquier ideología), en el “culto al ladrillo”, en lugar de atender a las personas y sus necesidades.

El objetivo final ha resultado ser siempre “cuantitativo”, no “cualitativo”: Cuantos “problemas” resolvemos, cuántas ayudas concedemos, cuántas viviendas construimos, cuanto invertimos.

Bajo esa óptica, tanto decididores como gestores públicos, y también la propia ciudadanía en su conjunto, se han preocupado muy poco de cómo estas personas y familias, que accedían a una vivienda protegida, iban a vivir, a crear “crear sus proyectos vitales” (con mayor intensidad ha ocurrido en los colectivos de mayor fragilidad: familias monoparentales, grupos de exclusión social, inmigrantes por razones de pobreza o de persecución, grupos étnicos específicos,…).

Incluso los programas familiares normativizados para el diseño de los edificios susceptibles de recibir ayudas son estandarizados en función del número de habitaciones o las superficies y equipamiento de las estancias y no de las diversas necesidades sociales y culturales de estas personas.

En definitiva, se trata más de “acallar conciencias” que de resolver problemas concretos que afectan a un aspecto esencial para la dignidad de algunos de nuestros congéneres. Sin un techo propio no se puede dar cobijo a “la familia”; se pierde la confianza en uno mismo, en la capacidad para “salir adelante”; no tiene sentido “buscar trabajo”, “estudiar”, “asentarse”. Y más si esa familia se encuentra en una situación de desplazamiento y desubicación forzados.

Por otra parte, se produce casi siempre un proceso de “guetorización” en la localización de estos hogares para familias necesitadas de cobijo, debido básicamente a las dificultades para encontrar solares disponibles en las zonas centrales de las ciudades y a las “ventajas” del efecto “economía de escala”, derivado de la promoción de grandes complejos de viviendas uniformes y sin personalidad, usualmente en los suburbios de las ciudades.

Esta situación no es exclusiva de Barcelona o Catalunya, ni de España. Es el destino de muchos conjuntos HLM (Viviendas de Renta Protegida) en Francia, que han creado el grave problema del “Banlieu” de Paris. De algunos complejos residenciales del entorno de Rabat o Casablanca en Marruecos, al igual que ocurre en otros países norteafricanos. De las operaciones de remodelación de “favelas” en muchas ciudades de Brasil, o las consecuencias de la aplicación híper-burocratizada del programa “Mía casa mía Vida”, que resuelve problemas de alojamiento a base de crear ciudad artificial sin conexión con la estructura urbana real. Entre otros, son ejemplos de una manera, a mí entender incorrecta, de plantear no ya sólo la solución, sino, sobretodo, el enfoque del problema.

En algunos países latinoamericanos esta discriminación aún se acentúa más, llegando al extremo de “calificar” los barrios en función del estrato social, en principio a efectos fiscales, pero en definitiva “etiquetando” socioeconómicamente a sus habitantes. Barrios de estrato 0, 1, 2, etc., significa pobres de solemnidad, pobres, menos pobres y así sucesivamente. Los servicios públicos y equipamientos están también en consonancia con esta calificación. Lo peor de esta manera de gestionar la “ordenación” de la ciudad es que los responsables de la Administración ni tan siquiera adquieren conciencia de la gravedad de la segmentación social que provocan.

Segunda etapa do programa mina casa mina vida

Afortunadamente aquí al menos existe un cierto debate sobre la cuestión y, en consecuencia, la posibilidad de avanzar, si la Sociedad en su conjunto así lo entiende, “creando comunidad”, lo que significa tener la oportunidad de convivir y progresar en el mismo espacio urbano.

Dos factores determinantes derivan de esta política urbanística, fiscal y de vivienda, segregacionista, que afecta tanto a los colectivos de inmigrantes como a los autóctonos necesitados de vivienda social o de un entorno comunitario sociológicamente complejo e interrelacionado.

Por una parte es muy difícil que en estas situaciones de marginación y segregación llegue a funcionar el “ascensor social”, si la gente no goza de igualdad de oportunidades. De otra, esa misma gente decide aceptar mayoritariamente su condición de “clase” y se “conforma” con el entorno en el que ha conseguido “integrarse”, con lo que ellos mismos acaban formando parte activa del problema segregacionista.

Los que hemos tenido responsabilidades en materia urbanística y de promoción de vivienda pública somos conscientes de las dificultades que encontramos entre los mismos líderes de los colectivos de viviendas a sustituir y remodelar, para que acepten una cierta disgregación de “su” comunidad, porque consideran que así se pierde la “identidad” de clase.

Mientras la remodelación urbana y la construcción de ciudad no atiendan a criterios “personales”, en el sentido más positivo de la expresión, en lugar de a criterios “territoriales”, cuando no simplemente “especulativos”…

Mientras no se entienda que la política de vivienda es política de atención a la persona necesitada y no política de actividad inmobiliaria…

Mientras no haya atención personalizada y continuada,…

Ni estaremos construyendo una ciudad para todos ni se tratará a la gente como se merece.

Esta no es tarea exclusiva de arquitectos o de urbanistas, es también trabajo para psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, economistas, abogados,… Más para profesionales que sepan “entender” a la gente y captar sus reales necesidades, que para los que estamos acostumbrados a mover “hierro y hormigón”.

Pero sólo haremos bien nuestro trabajo cuando consigamos que en cada estancia de nuestros proyectos (de ciudad o de vivienda) haya vida, progreso, convivencia e integración. Este es nuestro reto y nuestra obligación.

Singuerlín Santa Coloma de Gramanet. Francisco Rubio. Noviembre de 2008